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Introducción
Guatemala atraviesa una transformación profunda en su dinámica poblacional. Aunque se considera que inició tardíamente su transición demográfica en comparación con otros países de América Latina, actualmente el país experimenta una caída sostenida de la fecundidad, aumento de la esperanza de vida y desaceleración del crecimiento poblacional. Estos cambios han abierto una ventana de oportunidad única: lo que se denomina “el bono demográfico”.
El bono demográfico se refiere al período en el que la proporción de población en edad de trabajar (15 - 64 años) supera a la población dependiente (0-14 y 65+ años). Esta fase representa una oportunidad irrepetible para impulsar el desarrollo económico, mejorar el bienestar social y reducir la pobreza, siempre que se realicen inversiones estratégicas en capital humano, salud, educación y empleo digno.
El documento del Análisis de Situación de Población (ASP) 2025, elaborado por UNFPA, presenta una radiografía detallada de las tendencias demográficas del país, abordando temas como fecundidad, mortalidad, migración, salud sexual y reproductiva, y estructura poblacional. Su enfoque es territorial, generacional, intercultural y basado en derechos humanos, con el objetivo de orientar políticas públicas efectivas y sostenibles.
Estructura poblacional y transición demográfica
Desde los años 50, Guatemala ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado, pasando de 3.1 millones a más de 18.1 millones a 2025, con proyecciones de superar 22 millones en 2050. Este aumento se debió principalmente a un alto crecimiento natural, producto de la diferencia entre tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en las últimas décadas, la fecundidad ha descendido significativamente, lo que ha desacelerado el ritmo de crecimiento poblacional, al mismo tiempo la esperanza de vida ha aumentado. Cómo resultado, la proporción de la población en edad productiva ha crecido, desde la década del 2000.
La estructura por edad está en transformación: la proporción de niños y adolescentes (0 - 14 años) ha disminuido, mientras que la población joven y adulta (15 - 64 años) ha aumentado. En 1990, los menores de 14 años representaban el 45.4% de la población; para 2050, se espera que representen solo el 21.6%, mientras que la población en edad productiva alcanzará el 68.8%. A 2025, la juventud de 13 a 30 años representa el 34.1% del total de la población, es decir, 6.2 millones de jóvenes. El 60.6% de la población tiene 30 años o menos, siendo Guatemala un país eminentemente joven. Lo que significa que 6 de cada 10 personas tiene menos de 30 años.
Este cambio en la estructura etaria ha dado lugar al bono demográfico, una fase en la que la relación de dependencia total se reduce, permitiendo una mayor proporción de personas potencialmente activas en el mercado laboral. A partir de 2018, Guatemala entró en esta etapa, que se proyecta se extenderá hasta 2088, según estimaciones del World Population Prospects (WPP 2024).
La grafica muestra el crecimiento poblacional, prevaleciendo el mayor crecimiento del departamento de Guatemala (en números absolutos) que experimentará un aumento de su población en más del 40% entre 2010 y 2050, pero por debajo del crecimiento relativo del total nacional para ese período, pero se mantendrá como el departamento con mayor número de habitantes del país. Luego los departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz crecerán a un ritmo significativo, mostrando un aumento de más del 80 % entre 2010 y 2050, alcanzando alrededor de 2 millones de habitantes cada uno de estos territorios.
Fecundidad y fecundidad adolescente
La tasa global de fecundidad (TGF) en Guatemala ha descendido de manera sostenida desde los años 90, pasando de 5.6 hijos por mujer en 1990 a 2.7 en 2018. Se proyecta que el país alcanzará el umbral de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer) en la década de 2030. Este descenso ha sido el principal motor del cambio demográfico y ha contribuido al inicio del bono demográfico.
Sin embargo, la fecundidad adolescente sigue siendo un desafío crítico. Aunque ha disminuido de 121.4 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en 1990 a 68.3 en 2023, Guatemala aún se encuentra entre los países con mayor fecundidad adolescente en América Latina, situación que afecta directamente la trayectoria educativa, laboral y de salud de las adolescentes, y compromete el aprovechamiento del bono demográfico.
El embarazo adolescente está vinculado a desigualdades estructurales: las adolescentes sin educación tienen siete veces más probabilidad de embarazarse que aquellas con educación superior. Además, las adolescentes que se encuentran en condiciones de mayor pobreza tienen tres veces más riesgo que las del quintil (proporción del grupo poblacional) más rico. Las brechas urbano-rurales también son significativas, con tasas de fecundidad adolescente casi el doble en áreas rurales.
El Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes (PLANEA) 2018–2022 logró algunos avances significativos, superando la meta nacional de reducir la tasa a 87 por mil. No obstante, algunos departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y Petén aún presentan tasas por encima del umbral, lo que exige intervenciones focalizadas.
Salud sexual y reproductiva
Guatemala cuenta con un marco jurídico sólido en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo leyes como el Decreto 87-2005 sobre planificación familiar y el Decreto 32-2010 sobre maternidad saludable. A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes en el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva.
La Estrategia Nacional de Planificación Familiar 2015–2020 planteó metas ambiciosas: reducir la necesidad insatisfecha de planificación familiar del 21% al 15%, y aumentar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos del 54% al 60%. Aunque se han logrado avances, las brechas por nivel educativo, condición socioeconómica y pertenencia étnica siguen siendo marcadas.
Entre 1987 y 2015, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos aumentó del 23% al 61%, con un crecimiento notable entre mujeres con menor educación y mujeres indígenas. Sin embargo, las mujeres indígenas aún utilizan menos métodos modernos (39%) que las no indígenas (58%), y más métodos tradicionales.
La necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos alcanza el 34% entre mujeres de 15 a 49 años, siendo más alta entre adolescentes, mujeres indígenas y aquellas con bajos ingresos. Además, el acceso a métodos modernos está condicionado por el proveedor: el sector público abastece el 51% de los métodos, mientras que el privado cubre el 47%, con fuerte presencia de farmacias.
Estas desigualdades limitan la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos y afectan directamente la planificación familiar, la salud materna y el desarrollo económico del país.
Mortalidad y salud pública
Guatemala ha logrado avances significativos en la reducción de la mortalidad en las últimas décadas. La esperanza de vida al nacer aumentó de 62 años en 1990 a 72 años en 2018. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 interrumpió esta tendencia, provocando una caída de 3.8 años entre 2019 y 2021. Se espera que los niveles previos se recuperen hacia 2025.
La mortalidad infantil también ha disminuido, pasando de 60 a 19 muertes por cada 1,000 nacidos vivos entre 1990 y 2021. A pesar de estos avances, persisten brechas significativas por nivel socioeconómico, área geográfica y pertenencia étnica. Las zonas rurales e indígenas presentan tasas más altas de mortalidad infantil y neonatal, lo que exige políticas focalizadas en salud materno-infantil.
La mortalidad materna ha mostrado una tendencia positiva, con una reducción constante desde 1989. En 2023, Guatemala registró el menor número de muertes maternas en su historia, acercándose a la meta de los ODS de una razón de mortalidad materna (RMM) menor a 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, las mujeres indígenas, adolescentes y residentes en áreas rurales siguen siendo los grupos más vulnerables.
Las principales causas de muerte han cambiado con el tiempo. En edades jóvenes, predominan las causas externas como homicidios y accidentes, especialmente entre hombres. En edades avanzadas, aumentan las enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. La violencia por razones de género también representa un problema grave, con más del 50% de mujeres reportando haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Migración interna e internacional
La migración interna en Guatemala presenta patrones complejos. Solo siete departamentos tienen saldo migratorio positivo, destacando Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla como principales destinos. La mayoría de migrantes internos son jóvenes y mujeres, lo que plantea desafíos en educación, empleo y servicios sociales en los territorios receptores.
La migración internacional ha sido constante y significativa. Desde 1950, Guatemala ha mantenido un saldo migratorio negativo, con más salidas que entradas. Estados Unidos es el principal destino, con más de 2 millones de guatemaltecos residentes en 2023. La migración femenina ha aumentado, y la edad promedio de migración se ha reducido, con un pico a los 18 años4.
El retorno de migrantes plantea nuevos retos. En 2024, más de 76,000 personas fueron retornadas, principalmente desde EE. UU. Los departamentos con mayor población retornada son Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Guatemala. La reinserción social y económica de estas personas requiere atención urgente5.
Las remesas representan una fuente vital para la economía nacional. En 2023, equivalieron al 19.6% del PIB. Aunque no existe una relación directa entre remesas y desarrollo humano a nivel municipal, sí se observan mejoras en condiciones de vida entre los hogares que las reciben, especialmente en alimentación, vivienda, salud y educación.
Compromiso para la acción
Al disminuir el gasto social en población dependiente, se pueden redirigir recursos hacia la inversión en capital humano, infraestructura y generación de empleo. El bono demográfico representa una oportunidad única para el desarrollo económico del país, para alcanzar resultados de desarrollo será necesario dirigir la inversión pública es decir el gasto social6 en políticas efectivas que promuevan:
Inversión en capital humano: (a) ampliación y mejora educativa: Incrementar la cobertura y calidad educativa especialmente en los niveles secundario y diversificado, principalmente en zonas rurales. (b) Salud integral y derechos reproductivos: fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en salud materno-infantil y sexual y reproductiva.
Fomentar el empleo decente, la inclusión laboral y la productividad: principalmente la inclusión laboral de jóvenes y mujeres
Reducción de la informalidad y mejora de condiciones laborales
Fortalecimiento de la protección social.
Planificación y gestión del territorio
Gestión migratoria integral
Mejora de la capacidad estadística para la toma de decisiones.
El bono no se distribuye de manera heterogénea en el territorio. Departamentos como Guatemala y Sacatepéquez iniciaron esta fase antes de 2010, mientras que otros como Petén, Alta Verapaz, Totonicapán y Huehuetenango lo hicieron después de 2020. Esto implica que la ventana de oportunidad se cerrará en distintos momentos según el territorio, y que las estrategias deben adaptarse a las realidades locales.
La Política General de Gobierno 2024–2028 y el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 reconocen el bono demográfico como un eje estratégico, promoviendo acciones para fortalecer el capital humano, mejorar la empleabilidad y garantizar la autonomía económica de mujeres y jóvenes.
Conclusiones y recomendaciones
Guatemala se encuentra en una etapa crítica de su transición demográfica, con una ventana de oportunidad única para transformar su estructura social y económica. El bono demográfico, que se extenderá hasta 2088, ofrece condiciones favorables para el desarrollo, siempre que se implementen políticas públicas inclusivas, sostenidas y basadas en evidencia.
Aprovechar el bono demográfico significa construir una sociedad más productiva, inclusiva y sostenible, para enfrentar los desafíos futuros de envejecimiento poblacional a través de la inversión estratégica en las personas, la creación de oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones.
La población en edad productiva está en aumento, mientras que la población dependiente disminuye, reduciendo la presión sobre el gasto social. La fecundidad ha descendido, pero la fecundidad adolescente y los embarazos en niñas menores de 15 años siguen siendo desafíos urgentes de atender.
Las brechas en salud sexual y reproductiva, educación y empleo siguen afectando especialmente a mujeres, adolescentes, pueblos indígenas y zonas rurales. La mortalidad materna e infantil ha disminuido, pero persisten desigualdades territoriales y estructurales que requieren atención focalizada.
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